Nota al Honorable Concejo Deliberante

La Multisectorial apunta al tarifazo

GP

La Multisectorial Balcarce ha enviado una nota al Presidente del Legislativo Gustavo Bianchini para pedir se tome alguna medida respecto de las altas tarifas que deben pagar los balcarceños.

A continuación la nota:

Preocupados por las consecuencias de la aplicación de las políticas energéticas que llevan adelante el Gobierno nacional y el Gobierno provincial, y por el muy alto precio que el pueblo balcarceño debe abonar por el consumo de electricidad, gas, agua, etc., las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a Ud., y por su intermedio a los concejales de los distintos bloques, con el fin de manifestarle lo siguiente:

Observamos que durante los  últimos dos años se ha producido:

a.-  un muy fuerte aumento de los precios del gas en boca de pozo y de las tarifas.

b.-  Una disminución en la producción de petróleo y gas, y un aumento en las importaciones de combustibles.

c.-  Un retroceso en la demanda de electricidad y gas natural por redes.

d. – Una drástica reducción de hábitos de consumo energético.

e.- Una  desregulación masiva, con retorno de las privatizaciones, liberación de importaciones y reapertura exportadora.

f.-  La adquisición por parte de un grupo empresario de las 4 grandes empresas distribuidoras de electricidad en el interior de nuestra provincia, las cuales distribuyen dos tercios de la energía consumida en dicha área. 

Esta realidad generó ganadores.  Son ellos :

Las empresas petroleras y gasíferas:   por haber obtenido siderales ganancias, en tanto sus inversiones se redujeron.

Las empresas distribuidoras y transportistas de gas y energía eléctrica:    por haber logrado un gran aumento en la rentabilidad y en el valor de sus acciones.

Los capitales especulativos:    por haberse beneficiado con el endeudamiento,  y cuyas ganancias dependen de la capacidad estatal de endeudarse y achicar el gasto público.

Esta realidad, también generó perdedores. Son ellos:

La inmensa mayoría de los argentinos:    por haber padecido un conjunto de inéditos tarifazos en los servicios públicos, en medio de un masivo empobrecimiento.

Las pequeñas y medianas empresas de los sectores industrial y comercial:    por haber sufrido un fuerte incremento en sus costos, en un contexto general de deterioro de la actividad económica y caída en sus ventas.

Muchos trabajadores del sector:    por afrontar una reducción de personal, y en algunos casos una flexibilización de las condiciones laborales.

Sostenemos que el neoliberalismo promueve una Argentina agro-energética exportadora, e importadora de manufacturas y bienes de consumo de todo tipo, para lo cual promueve la caída de la demanda de gas y  otros recursos energéticos por parte del pueblo argentino, con el fin de proveer al mundo energía convertida en mercancía.

Su encarecimiento y su derivación a las fuerzas del mercado contribuirán a la destrucción del mercado interno y al deterioro de la calidad de vida de la población y de la actividad económica en general.

Recordamos que, tal como lo reconocieran las Naciones Unidas, hay una relación directamente proporcional entre el consumo de energía por habitante y la calidad de vida de la población, su expectativa de vida, índice de desarrollo humano, etc.  Las naciones con economías mas modernas y desarrolladas exhiben consumos energéticos mas elevados.

Ante ello, entendemos que las políticas energéticas deben priorizar al ser humano, su bienestar y su calidad de vida, a la vez que deben ser un instrumento para el desarrollo económico y la industrialización.

Sostenemos que el sistema energético debe ser desarrollado en función de los intereses del usuario y del consumidor y no de los intereses de los accionistas y empresarios del sector.

Tarifas:

Hemos observado como el Gobierno dejó de subsidiar a las empresas prestatarias de servicios públicos, aumentando verticalmente sus tarifas, anulando de ese modo la asequibilidad de los servicios a gran parte de la población argentina.

Pensamos que una política de subsidios eficiente es aquella que, pudiendo generarle al Estado erogaciones importantes, mejora los indicadores del sector al que son destinados, sin necesidad de recurrir a recortes en el consumo de los argentinos, ni al aumento de los precios de la energía, ni de las tarifas de los servicios públicos.

Creemos que debe asegurarse la asequibilidad para todos, para lo cual es imprescindible la existencia de tarifas accesibles en general, con la posibilidad de establecer regímenes selectivos para quienes ostentan una posición privilegiada.

Entendemos que los Estados están obligados a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, extendiéndose esa obligación a todos los niveles de la administración, así como a otras instituciones a las que los Estados delegan su autoridad.

Ante ello, recordamos que: El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales creado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para desempeñar las funciones de supervisión del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que integra nuestra Constitución Nacional, señaló en su Observación nro. 4 que el derecho a una vivienda adecuada comprende:  b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad, la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción, el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia…”

Con respecto específicamente al agua, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento con fecha 28-07-2010, reafirmando que son esenciales para la realización de todos los restantes derechos humanos: se impone entonces un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

La Declaración del Encuentro Internacional por el Derecho a la Energía, reunida en Mar del Plata el 11-10-2014 declaró: “La energía es un derecho humano, no una mercancía”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su reciente fallo en causa: “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”, expresó:

“El Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores mas vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de “confiscatoria”, en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar…”

Luego afirmó:   “… resulta claro que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos estos, los cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquel y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad”. (Fallos: 327:3677).

Reafirmados nuestros derechos, hacemos presente a Ud.,  que vemos en nuestra comunidad:

a.- Personas que reciben facturas por servicios públicos con muy elevados importes, que en algunos casos registran porcentajes superiores o muy superiores al 1.000 % de aumento por igual consumo que el registrado poco tiempo atrás.

b.- Trabajadores, jubilados y pensionados  que no pueden abonar dichas facturas por carecer de fondos suficientes.

c.- Desocupados o sub-ocupados que tienen serios inconvenientes para lograr adquirir los alimentos imprescindibles para sí y su grupo familiar, y que por ende se encuentran impedidos de abonar sus facturas.

d.-  Vecinos que se han endeudado a un alto costo para obtener los dineros necesarios para pagar  las facturas adeudadas.

e.- Personas que acuden con sus escasos recursos en auxilio económico de familiares imposibilitados de abonar sus servicios básicos.

f.-   Habitantes de nuestra ciudad que han reducido la calidad o cantidad de sus alimentos, o se han privado de la adquisición de medicamentos con el objeto de lograr pagar sus servicios.

g.-  Vecinos que ya han resuelto desconectarse de la red de gas natural, y acudir al también oneroso gas envasado.

h.-  Hombres y mujeres dispuestos a prescindir de la calefacción en pleno invierno debido a la imposibilidad de abonar las próximas facturas a la empresa prestataria del servicio.

i.-  Hombres y mujeres dispuestos a reducir su iluminación aumentando su estado de inseguridad.

j.-  Comerciantes y pequeños productores de bienes y/o servicios, imposibilitados de continuar con su actividad por no poder afrontar el pago de las facturas por consumo de gas o electricidad.

k.-  Entidades sin fines de lucro con grandes dificultades para abonar los servicios públicos.

Entendemos que este estado de cosas, que evidencia el incremento del número de hogares que sufren “Pobreza  Energética”,  afecta y afectará aún más la salud física y psíquica de muchos integrantes de nuestra comunidad.

Lamentamos que todo ello ocurra debido a la decisión gubernamental  de transferir recursos de los sectores populares a un pequeño grupo de accionistas de las grandes empresas dedicadas a la producción, transporte y distribución de energía, de muy estrecha relación con varios jerarcas del Gobierno.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que resulta necesaria la intervención del Estado y de los organismos de control a fin de regular los desmedidos  y citados aumentos tarifarios, acudimos a Ud., y por su intermedio a los todos los demás ediles, a fin de que tomen conciencia de los problemas explicitados, recordando que no son delegados en la ciudad del gobierno nacional ni del gobierno provincial, sino representantes del pueblo balcarceño, y en consecuencia de sus intereses, que en este caso claramente se contraponen a los intereses de las grandes empresas energéticas.

Ante ello, y con el fin de disminuir los importes que los balcarceños debemos abonar por los servicios públicos básicos, solicitamos al Honorable Concejo Deliberante:

1.-  Declarar la Emergencia Tarifaria en materia energética en el Partido de Balcarce por el término de un año.

2.-  Acompañar al Departamento Ejecutivo Municipal a que utilice todos los mecanismos legales a su alcance para asegurar el acceso a los servicios públicos esenciales a todos los habitantes del Partido de Balcarce.

3.-  Solicitar al Presidente de la Nación Argentina y a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires la suspensión de la aplicación de los aumentos dispuestos durante el presente año por la provisión de los servicios de gas natural y envasado, y de energía eléctrica, respectivamente, y congelar las tarifas por el término de un año, retrotrayendo y congelando cada Cargo Fijo al valor existente al 31-12-2016.

4.- Solicitar a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires la derogación del decreto-ley 7.290, sancionado por la dictadura cívico-militar en 1967, por el cual se creara el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico bonaerense, que se nutre del 10 % del importe que los usuarios abonamos por el servicio de energía eléctrica, y que está destinado, entre otros, a costear los estudios, proyectos, obras y adquisiciones del sistema y servicio público de electricidad provincial, y que entendemos debieran aportar las grandes y rentables empresas energéticas.

5.- Solicitar a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires la derogación del decreto-ley 9.038, sancionado por la dictadura cívico-militar en 1978 para financiar las inversiones en la Central de Acumulación de Bombeo en Laguna La Brava, que nunca realizó, y radicación de potencia de base en el área de Bahía Blanca y sus interconexiones, y a lo cual aún destinamos el 5,5 % de lo que abonamos por energía eléctrica.

6.- Solicitar al Congreso Nacional  la reducción del Impuesto al Valor Agregado sobre el consumo de agua, gas y electricidad.

7.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que también haga propios los Requerimientos contenidos en los puntos 3, 4, 5 y 6 del presente.

8.- Estudiar una reducción a aplicar en las tasas que se abonan por agua y cloacas a la empresa Aguas de Balcarce.

9.-  Comunicar la presente Resolución a todos los Concejos Deliberantes de nuestra Provincia.

10.- Emitir una “ Declaración de adhesión “ al art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, remitiéndola al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, cuyo contenido es el siguiente:

     “Derecho a la existencia en condiciones de dignidad.  Todos los seres humanos y las comunidades tienen derecho a vivir en condiciones de dignidad.  Este derecho humano fundamental  comprende los siguientes derechos:      1.- El derecho a la seguridad vital, que supone el derecho de todo ser humano y toda comunidad, para su supervivencia, al agua potable y al saneamiento, a disponer de energía y de una alimentación básica adecuada, y a no sufrir situaciones de hambre. Toda persona tiene derecho a un suministro eléctrico continuo y suficiente y al acceso gratuito a agua potable para satisfacer sus necesidades vitales básicas. ”

 Atentamente :

CTA DE LOS TRABAJADORES

CTA AUTONOMA

LUZ Y FUERZA MAR DEL PLATA

ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS, REGIONAL BALCARCE

SUTEBA BALCARCE

SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE BALCARCE

SOEME –BALCARCE-

A.P.I.N.T.A. –BALCARCE-